Ciertos gestores están aprovechando la coyuntura actual de crisis generalizada, para imponer un nuevo orden en sus empresas, a veces con practicas casi olvidadas, más propias de otros tiempos que de este moderno e implacable siglo XXI.
Como rancios empresarios de la pasada centuria, estos nuevos amos del mundo interpretan las leyes a su antojo, imparten su justicia entre los trabajadores, y dictan mandamientos inapelables. La situación es claramente favorable a sus intereses, el miedo de muchos trabajadores a quedarse sin empleo, el no poder hacer frente a sus hipotecas y cargas, no pudiendo mantener su forma de vida en un nivel adecuado y digno, es el caldo de cultivo para que estos desaprensivos pongan en practica sus métodos.
Descorazonador el último caso del que he sido testigo, una empresa dedicada a la acuicultura sita en Burriana, Crimar SL. Esta empresa forma parte de Acuigroup Mare-Mar, que junto a Acuicultura del Mediterráneo, cuenta entre sus administradores con Társilo Piles, Antonio Birlanga y el exministro Antoni Asunción.
Esta empresa ha hecho uso de un amplio repertorio de las añejas estratagemas a las que hacía referencia. Ha sido sancionado al patrón de una de sus embarcaciones, acusándolo de provocar una avería para no salir a la mar cuando lo cierto es que la embarcación estaba precintada por la autoridad competente, previa denuncia de su mal estado. Esta y otras sanciones más, totalmente desproporcionadas, sirvieron para mostrar la intención de la empresa de salirse con la suya, sin importarle las consecuencias de sus acciones.
La historia comienza con un intento de la empresa de trasladar a los trabajadores de sus instalaciones en Burriana, a las que tiene en Sagunto sin consulta previa. Ante la negativa de cinco de los ocho trabajadores de la empresa a está propuesta no negociada, empieza el espectáculo, amenazas, sanciones, un ERE que después retiró la propia empresa, por miedo a que no superara el filtro administrativo pertinente debido a las actuaciones de CCOO ante la Inspección de Trabajo y, finalmente, el despido de los cinco trabajadores que se negaron al traslado.
A petición de los trabajadores, CCOO se personó en las oficinas el día que se les entregaba el certificado de empresa y la liquidación de haberes. En este acto también existió la intención de vulnerar los derechos de los trabajadores, haciendo el burdo intento de ligar la entrega de el certificado de empresa, a la firma del finiquito. La representante de la empresa adujo excusas peregrinas, y dificultó todo lo que pudo el proceso. Esta misma representante se quedo perpleja al ver a la delegación sindical, llamo al servicio jurídico de la empresa y este se puso en contacto con los sindicalistas e intento suavizar la situación, pero quedo claramente demostrado que nuestra presencia molesto muchísimo.
Capitulo a parte, merecen las condiciones de trabajo y los equipos y herramientas que tienen estos trabajadores para el desarrollo de su labor diaria. Instalaciones, embarcaciones, grúas, y en general los medios con los que cuentan estos trabajadores, son más que dudosos en cuanto a su eficacia y seguridad.
El próximo paso de la empresa creemos que está clarísimo, y en breve las instalaciones de Borriana cerraran sus puertas, a pesar de ser una concesión administrativa de explotación, y de que la empresa ha solicitado otra en el mismo lugar en el que ahora cierra esta. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en les Comarques del Nord, lamentamos estas practicas empresariales, más si cabe teniendo entre los responsables de esta empresa nombres de una conocidísima trayectoria política en el País Valencià.
Manuel Martínez Solera
Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO